SIGUE LA CRÍSIS POLÍTICA EN PERÚ

LIMA (AP).- La reanudación de las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte dejaron al menos 17 muertos en una sola jornada por los enfrentamientos entre manifestantes y policías al sur del país. Las manifestaciones, que comenzaron a inicios de diciembre pasado contra la destitución de Pedro Castillo como presidente, suman ya 41, según el recuento de la Defensoría del Pueblo.

Esa entidad reportó que 17 personas murieron el lunes en enfrentamientos en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, en Puno, entre ellos había menores de edad. Además, una recién nacida falleció por no poder ser evacuada a un hospital debido a que la vía estaba bloqueada como parte de las manifestaciones en esta región.

Con este saldo, el lunes fue la jornada la más letal desde que empezaron las protestas en diciembre pasado. Hasta ahora, el día más violento había sido el 15 de diciembre que dejó ocho muertos, según reportó la Defensoría. Se han contabilizado en total hasta ahora 41 víctimas en el contexto de las protestas: 34 en la confrontación con las fuerzas del orden y otras siete por accidente de tránsito o en eventos vinculados al bloqueo de carreteras.

Los fallecidos en los enfrentamientos que han sido identificados eran jóvenes de 35, 29, 25, 24, 21 y 19 años de edad, así como dos menores de 17 años, según el reporte de la Defensoría del Pueblo. Cuatro víctimas aún no han sido identificadas.

En un comunicado, la Defensoría recordó a las Fuerzas Armadas y a la Policía que “tienen el deber de cumplir con las normas vigentes y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza” y que el Ministerio Público “debe realizar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la pérdida de vidas humanas, afectaciones a la integridad personal y atentados contra la propiedad, a fin de evitar toda forma de impunidad”.

Las protestas -que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- tomaron un nuevo impulso tras retomarse el miércoles pasado, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.

En Juliaca, se intensificó la protesta desde el viernes, cuando cientos de manifestantes intentaron tomar el aeropuerto, pero fueron refrenados por las fuerzas del orden. Al final de la tarde del lunes, la Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 25 provincias.

Además, registró 45 puntos de bloqueo en vías nacionales y los letales enfrentamientos en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, donde murieron los 12 civiles y se impidió el paso a una ambulancia en una vía de la misma ciudad, en que falleció la recién nacida. El aeropuerto de Juliaca mantiene la suspensión de sus operaciones.

Ante estos hechos, Boluarte interrumpió la reunión del Acuerdo Nacional, en que representantes de entidades del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil iban a buscar entenderse para definir políticas y salidas a la actual crisis política.

“No podíamos continuar la sesión. Se ha suspendido y tendremos una nueva convocatoria además de tener una próxima sesión. Dos brevísimas conclusiones han surgido de esta sesión muy simples: No a la violencia y no más muertos”, dijo Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional, a la prensa, en Palacio de Gobierno, al retirarse del encuentro.

Entre los manifestantes que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y nuevas elecciones, hay quienes también reclaman que se le libere a Castillo, el antecesor de Boluarte que fue depuesto y permanece preso e investigado por presunta rebelión.

Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde el 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.

Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.

LA NACION